Dejar la guerra, volver a la paz
Treinta y cinco años después de la desmovilización del Movimiento Armado Quintín Lame, Edilfredo Hio y Aníbal Pame vuelven sobre los días en que entregaron las armas, regresaron a la vida civil y decidieron continuar la defensa del territorio por vías comunitarias e institucionales. Ambos fueron combatientes de la guerrilla indígena y hoy están vinculados a la Organización Sol y Tierra y al Resguardo Indígena Nasa Cofradía, adscritos al programa Archivos, memorias y reparación histórica. A partir de sus testimonios, esta crónica reconstruye una experiencia exitosa dentro de los procesos de paz en Colombia, que muestra cómo el diálogo y la desmovilización pueden abrir caminos sostenibles de reincorporación, organización comunitaria y defensa del territorio a largo plazo.
Adiós a las armas
En las montañas del norte del Cauca, en el resguardo de Pueblo Nuevo, ubicado en Caldono, más de dos mil indígenas se reunieron desde temprano el 31 de mayo de 1991. Habían llegado para acompañar la entrega de armas del Movimiento Armado Quintín Lame, cuatro días después de la firma del acuerdo de paz con el Gobierno, realizada el 27 de mayo. Ese día, los hombres y mujeres que integraban la guerrilla indígena desfilaron hacia el centro de la plaza y pusieron sus fusiles sobre una tabla de madera. Con ese acto sellaron su voluntad de paz y comenzaron el regreso a la vida civil, sin abandonar las reivindicaciones que habían defendido en la organización armada. La guerrilla Manuel Quintín Lame cerraba así una trayectoria corta, pero intensa.
Menos de una década atrás, el movimiento había nacido para contrarrestar el asedio y el despojo de tierras provocado por la violencia de los terratenientes. En el camino, sin embargo, la guerra no solo los amenazó de muerte, sino que también abrió un escenario de fractura del tejido social e identitario que los sostenía. Aquel 31 de mayo, la dejación de armas fue el primer paso para volver a sus veredas e iniciar un proceso de reincorporación que, con el tiempo, sería reconocido como una de las experiencias más estables de los acuerdos de paz en Colombia.
El nacimiento del Quintín
La resistencia en el Cauca empezó mucho antes de los años ochenta; venía de un agravio centenario. Desde principios del siglo XX, Manuel Quintín Lame caminó esos territorios liderando la pelea contra el terraje, el sistema que obligaba a los indígenas a pagarles a los hacendados con días de trabajo gratuito para que los dejaran sembrar en suelo propio. Las élites agrarias respondieron con violencia para acabar con el naciente movimiento indígena. Con el paso de los años, la situación permaneció casi intacta, por el contrario, tendió a agravarse. A medida que las comunidades indígenas fortalecían sus organizaciones y reclamaban con mayor fuerza el derecho a la tierra, los latifundistas recurrieron a mecanismos de presión cada vez más violentos. Desde finales de la década de 1970, apelaron a ejércitos privados para frenar el movimiento indígena y contener sus reivindicaciones territoriales.
El punto de quiebre llegó entre el 9 y el 10 de noviembre de 1984. En la hacienda López Adentro (doce años después se volvería un resguardo), el Ejército desalojó a cerca de 150 familias indígenas, quemó viviendas y arrasó cultivos. Al día siguiente, en Santander de Quilichao, dos agentes del F-2 de la Policía Nacional asesinaron desde una motocicleta a Álvaro Ulcué Chocué, párroco de Toribío. El sacerdote había acompañado las luchas agrarias de las comunidades indígenas del Cauca. Su muerte provocó protestas y aumentó la indignación cuando las autoridades intentaron encubrir el crimen presentándolo como un promotor de la subversión.
La respuesta fue la organización armada. Bajo la comandancia de Luis Ángel Monroy y con la asesoría política del ingeniero Pablo Tattay, el Movimiento Armado Quintín Lame tomó forma como una estructura de autodefensa indígena. Sus integrantes asumieron que, ante la violencia de los terratenientes y la falta de garantías del Estado, las armas eran un recurso inmediato para proteger a las comunidades y defender la autonomía de los cabildos.
El proceso de desmovilización
La ruta hacia la paz inició en los campamentos indígenas en 1988. El movimiento redactó una propuesta con tres exigencias territoriales concretas. Pedía la salida de la fuerza pública y de las otras guerrillas de las zonas comunales, un pacto político regional con participación de todos los sectores y un plan de desarrollo que atendiera las necesidades de la población del Cauca. Para el Quintín Lame, la negociación debía responder a las condiciones específicas de los territorios indígenas y garantizar que la dejación de armas no significara el abandono de sus reivindicaciones históricas.
Para el Quintín Lame, seguir en la guerra podía romper el vínculo que le daba sentido a su existencia. Su fuerza dependía del tejido social local y del respaldo de las comunidades; si la confrontación las desgastaba, el grupo también se debilitaba. Continuar con las armas implicaba el riesgo de perder el norte político, terminar convertido en una cuadrilla delincuencial o ser absorbido por los frentes de las FARC que ganaban terreno en la subregión. Al mismo tiempo, la convocatoria a una Asamblea Constituyente abría una oportunidad para exigir y defender los derechos indígenas por la vía política e institucional.
Por esas razones, la desmovilización del Quintín Lame empezó antes de la firma del acuerdo con el Gobierno. Desde 1989, varios combatientes comenzaron a dejar las armas y a regresar a sus parcialidades para retomar el trabajo en la chagra y las tareas comunitarias, siguiendo las orientaciones de las autoridades tradicionales. Cuando se firmó el acuerdo, el 27 de mayo de 1991, y se realizó la entrega pública de armas, el 31 de mayo en Pueblo Nuevo, una parte del regreso a la vida comunitaria ya estaba en marcha.
El camino del desarme
En el norte del Cauca, la desmovilización del Quintín Lame quitó del camino un obstáculo para el movimiento social indígena. Al dejar las armas, sus antiguos combatientes regresaron a las comunidades y se vincularon de nuevo a los cabildos, a las tareas organizativas y a la defensa territorial por vías políticas e institucionales. La identidad cultural, la autoridad de los cabildos y la memoria ancestral facilitaron ese regreso a la vida comunitaria. Con el tiempo, la fuerza organizativa de las comunidades integró a quienes habían hecho parte de la estructura militar.
Ese regreso a las veredas también marcó la forma en que los antiguos combatientes entendieron la reincorporación. Para Aníbal Pame, la dejación de armas en Pueblo Nuevo abrió un compromiso que se ha mantenido durante más de tres décadas y que consiste en continuar la construcción de territorio por vías políticas, administrativas y comunitarias:
"Creemos que podemos construir más procesos, pero ya no con las armas ni con nada de eso, porque la guerra no es buena para nadie; la guerra es dura. Hay que construir procesos con formas políticas, formas administrativas y formas equitativas sociales de construcción de territorio, para que realmente la paz pueda ser una realidad”, cuenta Aníbal Pame, excombatiente del Quintín.
Y continúa:
"Nosotros fuimos un proceso de paz después del 91, y esa paz la hemos venido construyendo a lo largo de la línea del tiempo hasta la actualidad. Desde la dejación de armas en Pueblo Nuevo hasta hoy, en 2026, son 34 o 35 años de historia de apostarle a una paz duradera. Nosotros dijimos que no habría repetición y no volvimos a repetir el proceso de guerra; le cumplimos al Estado”.
El cumplimiento de los antiguos combatientes contrasta con las garantías que nunca llegaron por completo a los territorios. La dejación de armas cerró la etapa insurgente del Quintín Lame, pero las comunidades indígenas continuaron enfrentando amenazas, asesinatos y nuevas formas de violencia contra sus jóvenes, sus autoridades y la Guardia Indígena:
“Pero, desgraciadamente para nuestra memoria, el Estado no nos cumplió, porque sigue el proceso de muerte contra nuestras comunidades, contra nuestros jóvenes, hoy en día contra nuestra Guardia Indígena, y contra nuestros mayores. Eso realmente duele, porque pensábamos que se iba a hacer un alto en el camino." dice Pame.
La firma del acuerdo cerró la etapa armada del Quintín Lame y permitió que sus antiguos integrantes se reincorporaran a un movimiento indígena que venía de décadas atrás. Esa memoria de la desmovilización sigue resguardada por las comunidades y por quienes han asumido la tarea de contar lo que significó dejar las armas, volver al territorio y sostener la vida colectiva después de la guerra.
Edilfredo Hio o “Chiqui”
Edilfredo Hio, conocido como “Chiqui”, ingresó al Movimiento Armado Quintín Lame cuando tenía once años. En su relato, esa decisión aparece ligada a la vida diaria en territorios donde la presencia armada hacía parte del entorno comunitario.
“En nuestra historia era normal mirar a la guerrilla a diario. Uno se levantaba, se iba a estudiar y en el recreo se iba a jugar con las armas”, recuerda Hio. A esa corta edad, dice, todavía resultaba difícil comprender los propósitos políticos de la organización. “Uno se mete en la guerrilla porque es el grupo que se mantiene en los territorios”.
La falta de oportunidades para la niñez y la presencia permanente de los grupos armados hicieron que muchos jóvenes vieran esa vida como una opción cercana. Hio recuerda que, en esos años, la relación entre las guerrillas y algunas comunidades era distinta a la actual. “En esos tiempos las guerrillas eran muy queridas y aceptadas por las comunidades. La gente salía con comida o con gaseosa cuando la guerrilla pasaba por sus casas”.
Esa cercanía tampoco borraba los riesgos de la guerra ni las tensiones que la organización armada generaba dentro del movimiento indígena. Por eso, cuando llegó el proceso de paz, la dejación de armas fue entendida como una forma de volver a la vida comunitaria y acatar las decisiones de las autoridades tradicionales.
“El Quintín Lame era una guerrilla de los cabildos indígenas. Nosotros teníamos respeto por los territorios indígenas, respeto por sus luchas y obedecimos ese mandato”, cuenta Hio. Ese mandato, agrega, les permitió regresar a las comunidades y contar lo vivido desde otro lugar.
Para Hio, la desmovilización también abrió una oportunidad política. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 permitió llevar al debate nacional las demandas históricas de los pueblos indígenas y avanzar en el reconocimiento de sus derechos. “Eso fue un logro muy importante gracias al cual hoy sentimos que son reconocidos los derechos de nuestros pueblos”, afirma.
Fundación Sol y Tierra
La Fundación Sol y Tierra nació directamente del proceso de paz como un mecanismo de unidad para consolidar el tránsito a la legalidad y salvaguardar la palabra empeñada de no volver jamás a las armas. Concebida como el pilar organizativo de los excombatientes del Quintín Lame, su propósito ha sido canalizar de forma colectiva los esfuerzos de la reincorporación y trabajar activamente por la construcción de la paz en el departamento del Cauca y en toda Colombia.
Tras más de tres décadas de trayectoria, la fundación mantiene su vigencia en la vida civil a través de la participación en luchas sociales y populares. Varios de sus integrantes ejercen hoy como autoridades tradicionales o han ocupado cargos de elección popular, entre ellos alcaldías, concejos y diputaciones. Desde esos espacios defienden la Ley de Origen y acompañan las orientaciones políticas del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, frente a los actores que afectan la autonomía y la vida comunitaria en sus territorios.
Durante la etapa de desmovilización, el papel de la Fundación Sol y Tierra resultó fundamental. Según Edilfredo, la organización les brindó a los desmovilizados “algunos pasos a seguir en la parte política y en la parte de los proyectos productivos”.
Para él, que la fundación siga activa después de más de tres décadas demuestra la decisión de sostener la memoria del Quintín Lame desde la vida civil y la organización comunitaria:
“Para la mayoría de las organizaciones solo queda la historia. Pero otros grupos y organizaciones, como el M-19, por ejemplo, no tiene una fundación en la cual puedan encontrarse sus desmovilizados. Los únicos que hoy en día tienen esa posibilidad somos los quintines, que todavía tenemos la casa que compramos para estos encuentros y es, precisamente, en esta casa en la que todavía nos reunimos para seguir siendo influyentes en la política nacional. Como desmovilizados, creemos que todavía tenemos mucho que aportar a los procesos de paz que se puedan dar en este país.”
Para Edilfredo, el espíritu revolucionario sigue intacto, pero los aportes a la sociedad hoy se dan desde otros escenarios:
“A los que nos gustó la parte organizativa y política, hoy en día seguimos aportando mucho los territorios. Tenemos ex-guerrilleros del Quintín Lame que han sido alcaldes, diputados, concejales, autoridades indígenas, consejeros del CRIC”.
Más que una estructura administrativa, la Fundación Sol y Tierra se consolidó como un refugio vivo para la memoria y en el pilar más efectivo para garantizar la no repetición de la guerra en el Cauca. En su casa habita un archivo documental que funciona como un mapa para recorrer el pasado a través de su propia voz, otorgándole un sentido profundo a la justicia y a la dignidad histórica.
Bibliografía
Peñaranda, D. R. (2015). Guerra propia, guerra ajena - Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos - El Movimiento Armado Quintín Lame. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.
El quintín lame. Comisión de la verdad. https://www.comisiondelaverdad.co/el-quintin-lame
Fotos tomadas por: Jaime Enrique Quijano
