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HISTORIA

A continuación podrás conocer toda la historia sobre la creación del Archivo General de la Nación.

Desde los comienzos de la República de Colombia se iniciaron los trabajos de la archivística nacional, como lo ilustra la instrucción archivística de 1826 que fue preparada por don José Manuel Restrepo, primer secretario del Interior de Colombia y también el primero de sus historiadores. En efecto, la instrucción del secretario Restrepo para la organización de los archivos de la Secretaría del Interior, dada el 25 de marzo de 1826, ya observaba el principio de procedencia institucional: para empezar, la organización de los legajos debía respetar la diferenciación de las cuatro entidades administrativas distintas de la experiencia republicana acumulada hasta entonces: el gobierno constitucional de Colombia comprendido entre 1821 y 1826, el gobierno venezolano del exilio de Guayana (1817-1819), y los dos gobiernos de las vicepresidencias de los departamentos de Cundinamarca y Venezuela (1819-1821). Del mismo modo, la división y la ordenación de los papeles del archivo de la Secretaría del Interior reflejarían sus tres secciones del despacho, cada una con cuatro departamentos.

 

Todos los funcionarios públicos fueron responsabilizados del cuidado de los archivos que producían en sus respectivas oficinas, los documentos tenían que ser clasificados y ordenados cronológicamente, y además tenían que ser indizados. Las carpetas y los legajos fueron seleccionados como las unidades contenedoras de los documentos, y el flujo documental tenía que terminar en el archivo general de la secretaría del despacho ejecutivo. Ya se había establecido que los archivos eran la fuente útil para la escritura de la historia de la nación colombiana, de lo cual dio el mejor ejemplo el mismo secretario Restrepo con su Historia de la revolución de la República de Colombia, publicada en 1827. El cuidado de la documentación fue advertido con un sistema de registro de préstamos entre las distintas dependencias.

 

Al disolverse la República de Colombia en 1830, las tres secretarías del despacho ejecutivo del Estado de la Nueva Granada heredaron los archivos de las cinco secretarías que habían funcionado durante la década de la República de Colombia, según los asuntos correspondientes a las nuevas secretarías del Interior y Relaciones Exteriores, Hacienda, Guerra y Marina. Las administraciones granadinas conservaron entonces tres archivos generales propios, cada uno con su propio archivero.

 

La República de la Nueva Granada heredó de la época indiana dos grandes archivos: el de la Secretaría General del Virreinato y el de la Real Audiencia de Santafé. Estos dos archivos quedaron en sus depósitos originales, situados en el Palacio Virreinal de la esquina suroriental de la plaza de Bogotá y en la esquina suroccidental de la misma, corte de la Real Audiencia. Terminaron bajo la custodia del intendente de Cundinamarca y después del gobernador de la provincia de Bogotá. Durante la década de 1840 el gobierno firmó un contrato con un señor Díaz Ospina para el arreglo del archivo de la Secretaría General del Virreinato, y el señor Francisco Malo propuso la firma de otro contrato para el arreglo del archivo de la Real Audiencia, que permanecía en su casa original. Los inventarios de estos dos archivos formaban quince cuadernos a finales de 1847, cuando la Gobernación de la provincia de Bogotá trasladó desde sus depósitos originales los dos archivos hacia la casa del Tribunal superior del distrito de Cundinamarca. Un grupo de soldados fue empleado para este traslado, “desde la casa de la extinguida Audiencia”, quienes “sin orden i en los cantos de las ruanas o cobijas trajeron los legajos [del archivo del Virreinato] i los arrojaron al suelo en la pieza baja en que están, sobre tablas”, mientras que el archivo de la Real Audiencia fue colocado en tres piezas del segundo piso, mezclado con las causas civiles y criminales del Tribunal.

 

El 1850 el presidente del Tribunal se quejó de la humedad que estaba afectando al archivo del Virreinato que estaba en el suelo del primer piso, sobre tablas, y pidió remediar esta situación. Durante el mes de septiembre fue entonces trasladado el archivo “de la escribanía de gobierno del antiguo Virreinato de Santafé” a la Casa de Moneda para su custodia y mejor conservación. En ese momento se contaron “mil treinta y siete legajos de papeles, algunos de ellos podridos, según parece por la humedad del lugar en que se custodiaban”.

 

El traslado del archivo de la Secretaría del Virreinato a la Casa de Moneda puso al descubierto que ocho cuadros habían llegado al Tribunal de Cundinamarca entre el archivo de la Real Audiencia, los cuales provenían de la capilla que había existido en la casa de la Real Audiencia, por entonces en ruinas. El Tribunal quiso quedarse con ellos, pero el secretario de Gobierno de la República de la Nueva Granada exigió su entrega para destinarlos al acervo del Museo Nacional. Se trataba de un cuadro de san Isidro Labrador, de cuerpo entero y con marco dorado; un cuadro de san Miguel, de cuerpo entero y con marco dorado; un cuadro más pequeño de san Cristóbal, con marco dorado; un cuadro de San Sebastián en su martirio, con marco dorado, un cuadro pequeño con el escudo de armas de los reyes de España y tres retratos de esos reyes: Carlos V, con marco de madera; Felipe II, con marco de madera, y Felipe III con medio marco de madera, sin color. Esta pinacoteca de la capilla de la Real Audiencia efectivamente fue entregada al portero de la Secretaría de Gobierno, con destino al Museo Nacional.

Al final de la primera Administración Murillo Toro (1864-1866), el secretario del Interior Santiago Pérez dio los primeros pasos para el arreglo de los acervos conocidos ya entonces como Archivos Nacionales, pero fue el 10 de agosto de 1866, durante la cuarta Administración Murillo Toro (1866-1867), que se celebró un contrato entre el ministro del Interior y el general Emigdio Briceño con el objeto de arreglar y preparar unos inventarios del acervo de esta Secretaría, apoyado por su hijo, Manuel Briceño. En efecto, el 12 de agosto de 1866 el entonces archivero de la Secretaría del Interior, Francisco Ortiz, posesionó al general Briceño en la administración del acervo que se custodiaba en el panteón de Santo Domingo. El contratista procedió a separar este acervo particular por siglos y por años, y después por las materias que había ordenado el contrato. El 8 de febrero de 1867 entregó a la Secretaría del Interior un índice minucioso de todos los documentos del siglo XVI, y el 28 de junio siguiente entregaron el índice de los documentos del siglo XVII. Una copia de estos inventarios fueron entregados a la Secretaría de la Cámara de Representantes. Pero antes de proseguir al inventario de los documentos de los siglos XVIII y XIX el contrato fue interrumpido por el secretario del Interior de la Administración Santos Acosta. Fue entonces cuando esta Administración dio el decreto orgánico de los Archivos Nacionales y encargó su dirección a don José María Vergara y Vergara.

La idea de concentrar todos los archivos de las secretarías del despacho nacional fue defendida en el periódico El Neogranadino por don Manuel Ancizar con las siguientes palabras:

La historia completa de nuestro país se encuentra en gran parte sepultada en los polvorientos archivos de varias oficinas de la República. Desde el archivo del antiguo Cabildo hasta el nuevo depósito de documentos de las Secretarías de Estado, todos, más o menos, encierran preciosos papeles destinados al olvido eterno por su confuso hacinamiento, en una serie de legajos que no merecen la pena ni aun de leerse su enunciado. ¿Cómo, pues, para altivas las riquezas que ocultan esos archivos, no nos resolvemos a crear un depósito nacional, en donde se reúnan todos los documentos importantes que hoy están amenazados de destrucción en los países ardientes, y de pérdida irreparable en otras partes? Abramos, pues, un nuevo depósito a los conocimientos humanos, reunamos bajo un solo punto de vista tantos documentos esparcidos aquí y allá, y el Gobierno no habrá hecho, a la verdad, una conquista estéril, sino muy fructuosa para las ciencias. Para cumplir este objeto y para hacer útilmente accesible tan importantes documentos, debe crearse un ARCHIVO NACIONAL, formando parte del establecimiento de la Biblioteca Pública.

 

Estas ideas fueron vertidas en el decreto orgánico de los archivos nacionales que fue firmado por el presidente Santos Acosta, hermano del decreto que le dio vida a la Universidad Nacional:

El presidente de los Estados Unidos de Colombia, En ejecución de la lei de 11 de mayo de 1863, “sobre Secretarías de Estado”, i en ejercicio de sus facultades constitucionales, DECRETA: Art. 1º. Suprímense las plazas de archiveros de las Secretarías de Estado, i cualesquiera otras de archiveros que no sean creadas por lei especial i que existan en oficinas cuya organización corresponda por las leyes al Poder Ejecutivo. Art. 2º. Créase una sección de archivos nacionales en la Secretaría de lo Interior i Relaciones Exteriores, a cargo de un jefe de sección, Archivero nacional. Arto. 3º. Esta sección será servida por el jefe de ella i por dos oficiales auxiliares del Archivero nacional. […] Dado en Bogotá, a 17 de enero de 1868. Santos Acosta.

 

El secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores, Carlos Martín 

 

Esta ley rescindió el contrato que existía con el general Briceño y ordenó al primer archivero nacional que fue nombrado el 19 de enero de 1868, don José María Vergara y Vergara, recibir todos los documentos que estuviesen en poder de aquel. Este tomó posesión del cargo de archivero nacional el 23 de enero siguiente y comenzó la tarea de concentrar en el segundo piso del Palacio Nacional, encima de las oficinas del Telégrafo y del Correo, los archivos que estaban dispersos en varios locales de la ciudad. Incluyó en su nómina dos archiveros permanentes nombrados por el poder ejecutivo, Manuel A. Cordovez (archivista de la secretaría del Tesoro y Crédito Público)  y Ramón María Lotero (archivista de la Secretaría de Guerra y Marina), dos archiveros auxiliares, que fueron Guillermo Jordán (archivista de la Secretaría de Hacienda y Fomento) y Alejandro Pérez (archivo de la secretaría del Interior y Relaciones Exteriores), y cinco archiveros asalariados para ayudar a los anteriores: José H. Copete (escribiente), Alejandro Gardeazábal (encargado de la Biblioteca Oficial del Archivo), Patricio Pardo (auxiliar del archivo de la secretaría de Relaciones Exteriores), Ricardo Pardo (auxiliar del archivo de la secretaría de Hacienda) y Francisco Pardo (escribiente). Rafael González fue encargado del arreglo del archivo de la Corte General de Cuentas, trasladado al antiguo convento del Carmen.

 

Firmando como archivero nacional, don José María Vergara y Vergara dio en Bogotá, el primero de enero de 1869, el nuevo Reglamento del Archivo Nacional de los Estados Unidos de Colombia. En ese momento la oficina de los Archivos Nacionales era la sección cuarta de la Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores, servida por el archivista nacional, cuatro archiveros (dos auxiliares y dos provisionales) y tres empleados asalariados. Los cuatro archiveros se repartían la organización de los archivos de las cuatro secretarías del despacho ejecutivo: Guerra, Hacienda y Fomento, Interior y Relaciones Exteriores, Tesoro y Crédito Nacional. La novedad introducida fue la de que todos estos archivos se custodiaban en común, y la de que el archivero general tomó a su cargo la custodia de la Sala Colonial, una documentación heredada de la administración superior del Nuevo Reino de Granada. 

 

Esta Oficina de los Archivos Nacionales fue dividida en dos departamentos o “salas”: el primero fue el de la época colonial, que comprendía la documentación producida por las secretarías de la Real Audiencia y del Virreinato, la Notaría eclesiástica, los conventos suprimidos y la administración de los bienes de manos muertas, y por la Corte General de Cuentas. El segundo departamento integraría la documentación producida por las cuatro secretarías del despacho ejecutivo, la Tesorería General y la Oficina General de Cuentas, así como los impresos oficiales. Los dos departamentos distribuían sus respectivos documentos en cuatro piezas de la casa de dos plantas que sirvió originalmente a los Archivos Nacionales. Como el artículo 7º del decreto orgánico de los Archivos Nacionales ordenó al archivero nacional preparar unas memorias históricas de la nación, este quedó facultado para separar de los fondos originales documentos relacionados con la memoria de las épocas de la nación (Conquista, Revolución de 1781, Primera República, Guerra de Independencia, República de Colombia, Nueva Granada) y situarlos en estantes distintos. Se dio así origen a los fondos facticios que fueron creando a lo largo del tiempo los archiveros nacionales, así como a la colección Comuneros de 1781 que quedó custodiada en la Biblioteca Nacional. 

 

El 30 de junio de 1869, después de haber renunciado a su cargo, don José María Vergara entregó a don José María Quijano Otero, el bibliotecario nacional que quedó encargado en interinidad hasta el 21 de julio siguiente, los archivos organizados según la siguiente clasificación:

 

SALÓN DE LA COLONIA:

Integrado por ocho archivos, que según su procedencia institucional eran: Notaría Eclesiástica (fundación de capellanías y censos) y Juzgado general de bienes de difuntos, Corte de Cuentas, Secretaría del Virreinato, Real Audiencia, Papeles procedentes de la Corte Suprema de Justicia, Mapas de los estados soberanos, Deuda Colombiana (vales del empréstito Zea y del préstamo Mackintosh) y 2.000 expedientes declarados “inútiles”. Como los archivos de la Secretaría del Virreinato y de la Real Audiencia se encontraban “confundidos”, Vergara los clasificó a su arbitrio en 127 secciones temáticas que bautizó con los siguientes nombres: Nueva España, Ecuador [Tesorería de Marina de Guayaquil], Tabacos, Aguardientes, Fincas raíces urbanas, Estado del Cauca [documentación difícil de clasificar], Guajira, Lazaretos, Tocaima, Hojas de servicio y títulos de nobleza, Providencias, Miscelánea, Perlas de Riohacha, Real Hacienda, Señor Villar, don Diego de Córdova, Juan de Borja, Francisco Gil y Lemus, Gil de Cabrera y Dávalos, Señor Meneses, Señor Saavedra, Señores Gutiérrez de Piñeres, Camilo Torres, Sebastián López Ruiz, Francisco Javier Matiz, señor Urquinaona, Simón Bolívar, Francisco Antonio Zea, Dionisio de Alcedo, Pedro Fermín de Vargas, ingeniero Antonio de Arévalo, Marqués de San Jorge del Valle de Bogotá, señor Córdova, José Celestino Mutis, Tierras, Reales cédulas, Revolución de 1810, Revolución de Quito (1809), Reconquista española, Causas célebres, Mejoras materiales, Cartagena, Santa Marta, Bogotá, Portobelo, Censos de población, Salinas, Minas, Venezuela, Llanos de San Martín, Consulados, Testamentarias, Poblaciones, Residencias, Causas civiles, Perú, Visitas de indios, Visita de Francisco Antonio Moreno y Escandón, Temporalidades  (bienes de los jesuitas expulsos), Impuestos varios, Aduanas, Bulas de Cruzada, Conventos, Pólvora, Tunja, Mariquita, Veraguas, Socorro, Riohacha, Ejidos, Curas, Antioquia, Vínculos y Mayorazgos, Colegios, Hospitales, Alcabalas, Obispados, Indios gentiles, Marina, Conquistadores, Sermones patrióticos de 1820, Vacuna, Quinas, Estado de Santander, Casas de Moneda, Navegación fluvial, Papel sellado, La Habana, Darién, Chocó, Carare y Opón, Correspondencia real procedente de Madrid, Gobierno político y militar de Portobelo, Cementerios, Epidemias, Mayordomías de fábrica, Virrey Espeleta, Virrey Sámano, señor Pizarro, virrey Montalvo, virrey Mendinueta, virrey Solís, regente Ferrer, Documentos para la historia de Bogotá, Visita del señor Aróstegui, arzobispo Cossío y Otero, señor Castillo de la Concha, virrey Messía de la Zerda, virrey Eslava, virrey Flórez, señor González Manrique, señor Pimienta, señor Pedroza, señor Manso, virrey Amar y Borbón, virrey Antonio de Villalonga, virrey Caballero y Góngora, Historia Civil, Historia Eclesiástica, Indígenas, Resguardos, señor Moreno, Licencias de impresión de libros, Instrucción Pública, Límites con el Brasil  y la colección de 331 expedientes de los siglos XVI y XVII que fueron arreglados por el general Emigdio Briceño. A diferencia del criterio de ordenamiento cronológico que había realizado el general Briceño (por siglos), Vergara impuso la clasificación temática de la sección Colonia que se mantiene hasta nuestros días, después de las agregaciones temáticas que redujeron las 127 secciones originales a los 63 fondos temáticos de la clasificación actual de la sección Colonia.

 

SALÓN DE LA REPÚBLICA:

Vergara respetó las procedencias institucionales de los archivos que le fueron transferidos por las secretarías de estado: Secretaría del Tesoro, Tesorería General, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Guerra, Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores. Se agregaron las publicaciones oficiales que se editaban en la Imprenta Nacional.

 

BIBLIOTECA OFICIAL:

Se integraba con una colección del Diario Oficial que el Gobierno editaba desde 1821 con distintos nombres, adicionada con colecciones de las gacetas oficiales de los distintos estados soberanos de la Unión Colombiana, una colección impresa de las leyes sancionadas desde 1821, una colección de las memorias anuales que publicaban los secretarios del despacho del Poder Ejecutivo, una colección de ordenanzas provinciales y estatales, y folletería oficial muy variada.

A finales de 1870, cuando actuaba como archivero nacional Sinforiano Hernández, se separaron en un cuadro de clasificación los fondos documentales del Virreinato respecto de los fondos de la Real Audiencia, conservando la clasificación temática de Vergara con pocas variaciones, como sigue:

 

REAL AUDIENCIA: Juicios criminales, Residencias, Competencias, Vínculos y Mayorazgos, Condecoraciones, Censos y Capellanías, Juicios civiles, Concursos, Testamentarias, Tierras, Ejidos, Resguardos, Fincas urbanas, Visitas, Real Audiencia.

 

VIRREINATO:

a) REAL HACIENDA: Aguardientes, Papel sellado, Quinas, Tabacos, Aduanas, Salinas, Pólvora y nitros, Alcabalas, Consulado de comercio, Tributos, Monedas, Minas, Temporalidades, Correos, Impuestos varios, Diezmos, Contrabandos, Bulas de cruzada, Fomento y mejoras, Real Hacienda.

b) GOBIERNO: Funcionarios políticos y civiles, Correspondencia, Cabildos, Archivos, Policía, Vacuna, Epidemias, Lazaretos, Instrucción Pública, Escuelas, Colegios, Artes, Imprenta, Abastos, Boticas y cirujanos, Abogados, Médicos, Censos de población, Hombres notables y genealogías, Poblaciones, Historia civil, Caciques e indios, Encomiendas, Conventos, Jesuitas, Misiones, Bienes de manos muertas, Obispos, Bulas y breves, Curas, Fábrica de iglesias, Universidad, Obras pías, Hospitales y cementerios, Historia eclesiástica, Negocios exteriores.

c) GUERRA Y MARINA: Milicias, Marina, Virreyes.

El archivero nacional Sinforiano Hernández identificó en 1870 los ingresos de unos fondos que, en su opinión, no debían estar en los Archivos Nacionales: el archivo de la Curia Eclesiástica, los vales emitidos por los préstamos Zea y Mackintosh, y los impresos oficiales.

 

 

 

Contrato de Luis María Cuervo

El 30 de enero de 1882 fue contratado el doctor Luis María Cuervo para arreglar los legajos del Virreinato y la Real Audiencia que había encontrado en la planta baja de la Escuela Normal de Institutoras, antiguo convento de Santa Clara, apoyado por el secretario de Instrucción Pública, Ricardo Becerra, quien mandó preparar en la Biblioteca Nacional un salón para recibirlos . Este fondo, que sería parte de la Biblioteca Nacional, recibió la denominación de “Archivo histórico de la Colonia”. El 10 de noviembre de 1882 el bibliotecario nacional, Miguel Antonio Caro, entregó a Cuervo la llave de ese depósito para que comenzara a clasificar y rotular los legajos acopiados. El 24 de agosto anterior se le había ordenado a Cuervo trasladar los mapas y planos a la custodia de la Biblioteca. Según los informes de Cuervo, se habían perdido más de veinte metros cúbicos de documentos por la humedad del salón donde habían estado anteriormente guardados. Este contratista organizó esta documentación en algo más de 725 legajos, clasificados en 36 temas , los cuales permanecieron en la antigua Biblioteca Nacional hasta 1938, cuando fueron transferidos al Archivo Nacional que se trasladó al nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. Este fondo especial conformó la sección que hoy se llama Archivo Anexo.

La clasificación temática escogida por Cuervo incluía los siguientes temas: reales cédulas (1542-1819), Gobierno (1630-1823), Real Hacienda (1564-1822), salinas (1789-1820), aduanas (1741-1822), comercio (1721-1818), Consulado de Cartagena (1795-1822), Límites (1740-1804), embargos (1718-1822), empréstitos (1781-1822), reclamaciones (1805-1819), beneficencia (1782-1820), caminos (1759-1819), correos (1722-1822), secuestros (1808-1822), bulas de cruzada (1599-1815), diezmos (1617-1822), historia (1684-1827), asuntos de particulares (1603-1822), justicia civil y criminal (1613-1822), pleitos y ejecuciones (1566-1821), recursos de queja (1654-1819), poderes (1706-1820), solicitudes (1738-1821), minas (1720-1819), relaciones exteriores (1630-1842), propiedades nacionales (1773-1819), asuntos eclesiásticos (1516-1826), consultas (1730-1819), esclavos (1743-1820), instrucción pública (1661-1822), guerra y marina (1698-1822), Tribunales de Purificación (1810-1819), estadística (1659-1847) y miscelánea de documentos importantes (1588-1858).Un índice fue publicado por Cuervo en los Anales de Instrucción Pública.

 

Ingreso del patrón del metro lineal

El 29 de diciembre de 1873 el archivero nacional, Juan E. Perdomo, recibió el patrón del metro del sistema métrico decimal francés que fue comprado por el Gobierno de la Unión Colombiana en París.

 

El reordenamiento de 1886

El general José María Campo Serrano, actuando como encargado del poder ejecutivo nacional, y su secretario de Gobierno, Aristides Calderón, firmaron el 14 de abril de 1886 un nuevo reglamento de los Archivos Nacionales que formaban la sección cuarta de la Secretaría de Gobierno. Esta sección fue dividida en cinco salas llamadas Colonia, República, Congreso, Oficina General de Cuentas e Impresos. Las secciones documentales que integraron estas cinco salas fueron:

-Sala I de la Colonia: Real Audiencia y Virreinato, Notaría Eclesiástica, Bienes de manos muertas, Corte de Cuentas (los documentos anteriores a 1810). A cargo del oficial escribiente más antiguo.

-Sala II de la República: primera República de Colombia (1819-1830), dividida en sus tres grandes departamentos (Nueva Granada, Venezuela, Ecuador); y las cinco secretarías de estado posteriores a 1830: Relaciones Exteriores, Gobierno, Hacienda, Fomento, Guerra. A cargo del oficial segundo.

-Sala III del Congreso: Senado, Cámara de Representantes, Biblioteca. A cargo de un oficial escribiente.

-Sala IV de la Oficina General de Cuentas, dividida en las secciones de sus cinco épocas: 1810-1819, 1819-1830, 1830-1858, 1858-1886, 1886 en adelante. A cargo del archivero especial de la Oficina General de Cuentas, señor Ismael Bernal.

-Sala de Impresos: Diario Oficial, códigos legislativos, leyes, memorias de las administraciones y de las secretarías de estado, folletos y libros. A cargo de un oficial escribiente.

 

 

Durante la Administración Rafael Reyes (1904-1909) fue contratado el empaste de los legajos del acervo de los Archivos Nacionales y se dio la disposición ejecutiva 177 del 15 de febrero de 1907 que creó el empleo de inspector general de todos los archivos de la Nación, asignado a Enrique Álvarez Bonilla. Esta acción dejó su impronta hasta nuestros días en las secciones Colonia y República, no solo en el tipo de empaste escogido sino en el tamaño de los legajos. Este primer inspector general ejerció el cargo hasta su renuncia, presentada el 15 de octubre de 1909. Natural de Moniquirá (20.01.1848), fue un ilustre pedagogo, escritor y humanista que ascendió a la calidad de miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, en el sillón dejado por don Rufino José Cuervo a su muerte. En su Santafé redimida, obra publicada en 1885, cantó en verso las hazañas de los guerreros patriotas que contendieron en el campo del puente de Boyacá durante el año de 1819. Falleció en Bogotá el 26 de octubre de 1913.

 

Como inspector general de los archivos públicos que funcionaban como tales durante la primera década del siglo XX, don Enrique Álvarez Bonilla supervisó durante casi tres años cinco instituciones: el Archivo del Congreso de la República, el Archivo Diplomático y Consular, el Archivo de la Corte de Cuentas, el Archivo del Departamento Capital, y el ya llamando Archivo Nacional. En su tiempo era archivista nacional don Ambrosio Peña Solano ─hermano del entonces gobernador de Santander, el general Alejandro Peña Solano─, quien ejerció el cargo entre el 9 de diciembre de 1904 y el 12 de mayo de 1910. La labor de inspección del Archivo Nacional, y de los otros cuatro archivos mencionados, fue consignada por don Enrique Álvarez Bonilla en un Libro copiador de sus informes periódicos al ministro de Gobierno de Colombia, dado que también era subjefe de la Sección Quinta de ese Ministerio. Ese Libro copiador es ahora una parte (folios 53 a 84) del tomo 486 del fondo “Despacho del Poder Ejecutivo: Libros copiadores, de registro y contables”, fondo 95 de la Sección República del AGN.

 

Gracias a la aparición de este Libro copiador de los informes periódicos de don Enrique Álvarez Bonilla, el primer inspector general de archivos públicos de nuestro país, es que se ha derrumbado una vieja conseja popular sobre la encuadernación de los legajos de las dos primeras secciones (Colonia y Republica) del AGN: aquella que predicaba que fue obra de los presidiarios del antiguo Panóptico de Bogotá, hoy sede del Museo Nacional de Colombia. Desmintiendo esa conseja, los informes periódicos de don Enrique Álvarez Bonilla identifican a los reales artífices de la encuadernación de 10.929 tomos de esas dos secciones: los artesanos encuadernadores llamados Guillermo Peña, Ricardo Sáenz, Guillermo Molina y Alcázar A. El primero fue el firmante del contrato número 109 con el Ministerio de Gobierno, el 26 de octubre de 1906, y quien se repartió con sus colegas de oficio el trabajo de arreglar y encuadernar los legajos de mil folios, a razón de cinco pesos cada tomo. El Gobierno Nacional les pagó por ellos un total de 54.645 pesos, repartidos entre los cuatro talleres de encuadernación, al menos mientras ejerció su empleo el inspector general.

 

La Administración de Marco Fidel Suárez dispuso en el artículo 22 de la ley 47, aprobada en 1920, la creación de la Mapoteca Colombiana, integrada por todos los mapas y cartas geográficas que existían en el acervo de los Archivos Nacionales y en otras bibliotecas. Fue desde entonces que se comenzó la práctica de separar las cartas geográficas de los legajos, que a la larga formó la sección Mapoteca.

 

Los protocolos que las primeras notarías de Bogotá habían acumulado desde el siglo XVI llamaron la atención de los archivistas nacionales y ello dio origen al artículo 29 de la ley 40 del 30 de noviembre de 1932, el cual estableció que los protocolos notariales anteriores al año 1801 que existían en las notarías de Bogotá debían enviarse al Archivo Nacional para su custodia, bajo la autoridad del archivista nacional, quien en adelante podría expedir copias de los documentos de que se hacía cargo, ciñéndose para el cobro de derechos a los fijados para los notarios. Las copia expedidas por el jefe del Archivo Nacional tendría los mismos efectos y fuerza de las autorizadas por los notarios. Se exceptuaron del efecto de este artículo legal los protocolos que, a juicio del gobernador, estuviesen debidamente custodiados y cuidados bajo la responsabilidad de personas aptas para ello. En cumplimiento de esta disposición, fueron trasladados al Archivo Nacional los protocolos de nueve notarías del círculo de Bogotá.

 

El acervo de los Archivos Nacionales fue trasladado al edificio del antiguo convento de Santo Domingo, donde permanecería hasta que la Orden de Predicadores lo vendió al Gobierno para su demolición y posterior construcción del edificio del Ministerio de Comunicaciones. El acervo fue trasladado al antiguo Palacio de Justicia, donde permaneció hasta que se levantó el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional durante el año 1938.

 

El Archivo Nacional de Colombia se organizó como un departamento administrativo del Ministerio de Gobierno por la ley 57 del 23 de noviembre de 1935. El director general sería auxiliado por un subdirector secretario, tres oficiales primeros y un cartero. Este nuevo Departamento tendría a su cargo: a) La conservación y clasificación de los documentos históricos y de los expedientes administrativos, confiados a su custodia; b) La redacción y publicación del índice general del Archivo Nacional; c) La dirección, redacción y administración de la Revista del Archivo Nacional, publicación mensual cuyo director y administrador serían, respectivamente, el director general y el subdirector secretario del Archivo Nacional; d) La supervigilancia del arreglo técnico de los Archivos Nacionales; e) La expedición y autenticación de las copias de los documentos del Archivo Nacional.

 

Pero el decreto 205 del 30 de enero de 1937 trasladó ese departamento administrativo del Ministerio de Gobierno a la Biblioteca Nacional de Colombia, una entidad dependiente del Ministerio de Educación Nacional, ordenando que ocuparía una parte del edificio que se estaba construyendo. El 20 de julio de 1938 fue inaugurado este edificio por el presidente Alfonso López Pumarejo, y con ocasión del cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Santafé de Bogotá quedaron instaladas la biblioteca y los archivos nacionales en el mismo lugar. Dos representantes a la Cámara, Fabio Lozano y Lozano y Gustavo Gómez Hernández, tramitaron el proyecto de ley 140 del 21 de diciembre de 1940 que reorganizó el Archivo Nacional y le mantuvo como sede el edificio de la Biblioteca nacional.

 

La reunión de la Biblioteca y del Archivo Nacional en un único edificio facilitó el traslado administrativo del Departamento de los Archivos Nacionales del Ministerio de Gobierno al Ministerio de Educación, como parte integrante de la Biblioteca Nacional, al tenor del decreto ejecutivo 205 del 30 de enero de 1937, ratificado por el artículo 2º de la ley 113 del 21 de diciembre de 1940. Por ello fue que el ministro de este ramo, Alfonso Araújo, decidió trasladar los archivos del Ministerio de Educación a los Archivos Nacionales, a finales de 1939.

 

El decreto 2.032 de 1936 dispuso que los Archivos Nacionales se encargarían de los fondos de valor permanente pertenecientes a los ministerios y los departamentos administrativos del orden nacional, exceptuando los fondos reservados y los de consulta permanente. Cuando el Gobierno nacional creó el Instituto Colombiano de Cultura mediante el decreto ley 3.154 de 1968 se le incorporaron en calidad de división los Archivos Nacionales, cuyas funciones específicas les fueron dadas por el acuerdo 3 del 7 de febrero de 1974.

La Ley 80 del 22 de diciembre de 1989 convirtió el antiguo Archivo Nacional de Colombia en el Archivo General de la Nación, adscrito al Ministerio de Gobierno, definido como establecimiento público nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. La gestión de esta Ley tuvo como ponente del proyecto, ante la comisión octava del Senado, presidida por Miguel Merino, al senador Roberto Liévano Perdomo. El trámite general del proyecto de ley fue guiado por Ricardo Rojas.

 

Esta ley no solamente se ocupó de la nueva institucionalidad del Archivo General de la Nación colombiana, actualizando la antigua función de conservación y organización del acervo documental propio, pues asignó al AGN la nueva función de promover la organización de todos los archivos territoriales y municipales del país, para lo cual tendría que organizar un Sistema Nacional de Archivos. Para cumplir con esta función recibió el encargo de formular y regir las políticas nacionales de archivos.

 

En 1998 comenzó en el Senado de la República la gestión del proyecto de Ley general de archivos, cuya exposición de motivos fue suscrita por los ministros del Interior, Alfonso López Caballero, y de Hacienda, Antonio José Urdinola Uribe. El proyecto original, ingresado por iniciativa de este secretario del Interior, se integró con trece títulos que agruparon 60 artículos. Surtió su trámite en esa cámara con ponencia favorable de los senadores Juan Martín Caicedo Ferrer y Héctor Elí Rojas Jiménez, cuyo pliego de modificaciones los redujo a 58 artículos. La ponencia para el primer debate en la Cámara de Representantes fue escrita en mayo de 1999 por los representantes Juan Ignacio Castrillón Roldán y José Arnoldo Parra Duque, comisionados por el presidente de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara. Otro pliego de modificaciones al segundo texto fue radicado en el siguiente mes de junio con 56 artículos. Finalmente, la plenaria de las dos cámaras legislativas convirtió el proyecto en la Ley 594, sancionada el 14 de julio del 2000 por el presidente Andrés Pastrana Arango, con 52 artículos distribuidos en 13 títulos.

 

 

Las sedes del AGN

1. Inauguración de la sede propia del AGN en el barrio de la Candelaria

A las tres de la tarde del 3 de noviembre de 1992 comenzó la ceremonia de inauguración de la sede del AGN, presidida por el presidente de la República, César Gaviria Trujillo. El diseño del edificio fue proyectado por el arquitecto Rogelio Salmona (1927-2007) y la construcción fue administrada por la Fundación para el Desarrollo y la Financiación de la Cultura durante los años 1988 a 1994. Esta Fundación fue integrada en 1986 por 16 entidades públicas (seis bancos estatales, Ecopetrol, Carbocol, Telecom, Corpavi, Financiera Eléctrica Nacional) y privadas (Federación Nacional de Cafeteros, ISA, Organización Ardila Lulle, Fundación Carvajal y Bavaria) convocadas por el presidente Virgilio Barco Vargas, y puesta su administración bajo una directora ejecutiva, Claudia Rodríguez Canal. El proyecto arquitectónico contempló dos cuerpos: el cuerpo norte fue entregado el 3 de noviembre de 1992 y el cuerpo sur a finales de 1994.

 

2. Inauguración de la segunda sede del AGN en Funza

El 16 de abril del año 2013 fue examinado en la reunión del Consejo Directivo del AGN un diagnóstico preparado por el Grupo de Recursos Físicos sobre los riesgos estructurales de la bodega del barrio Santander, aquejada de problemas del sistema eléctrico, inundaciones en el área de almacenamiento e inseguridad que requerían la ejecución de obras de emergencia. La presidenta del Consejo Directivo de ese entonces, María Claudia López Sorzano, viceministra de Cultura, preguntó si en la bodega del barrio Santander se contaba con un estudio de reforzamiento estructural, dado que se trataba de una edificación con más de 20 años de existencia. Al ser informada que no existía, recomendó contratar un estudio integral que contemplara “un proyecto completo de intervención y no ir haciendo pequeñas obras que pueden estar asociadas directamente a problemas de tipo estructural”.

Siguiendo esta recomendación de la viceministra de Cultura, quien presidía el Consejo Directivo del AGN, el Grupo de Recursos Físicos del Archivo contrató en el año 2014 a la firma Técnicas Colombianas de Ingeniería para la elaboración de los estudios de vulnerabilidad y los diseños que establecieran los costos de una intervención estructural, así como los trámites de una licencia de intervención física en la bodega Santander. Los resultados de ese estudio, soportada en el contrato 162, fueron presentados ante el Consejo Directivo en su sesión del 26 de septiembre de 2014: solo dos bodegas (la 2 y la 4) podían reforzarse, y las áreas técnicas y administrativas tenían que demolerse por los riesgos que amenazaban al personal. Como resultado de este estudio de vulnerabilidad, se llegó a la convicción de que era preciso trasladar la estantería, las cajas de documentos, los funcionarios y los contratistas a una nueva bodega segura e idónea para todo el personal de servicio archivístico. El costo de la intervención de la bodega Santander fue avaluado en 8.500 millones de pesos, para una capacidad de almacenamiento de 28.472 metros lineales. Fue entonces cuando el director del AGN, Carlos Zapata Cárdenas, instruyó al Grupo de Recursos Físicos comenzar la búsqueda de una nueva bodega para trasladar los fondos documentales y al personal de la bodega Santander, comenzando con las ofertas que se registraban en la Central de Inversiones CISA.

En el año 2015 se realizaron los ajustes en contrato 162 del año anterior para estimar los costos de demolición y de reforzamiento estructural de las bodegas 2 y 4 de la sede de Santander, los cuales incluyeron los costos de intervención y diseño de la nueva área administrativa, así como el aislamiento de las bodegas que ordenaba la nueva normatividad urbanística. En la reunión del Consejo Directivo del AGN realizada el 10 de febrero de este año 2015 intervino el director Carlos Zapata Cárdenas para afirmar que las “reales condiciones del predio Santander desvirtúan el proyecto inicial de hacer una edificación más adecuada para Archivo Intermedio por los altos costos que ello implicaría, no solamente por la demolición requerida sino por el levantamiento de una nueva estructura, más aun teniendo en cuenta la zona de ubicación del inmueble, que es estimada como una zona de alto riesgo y sin las facilidades mínimas de acceso contempladas en la norma vigente”. Agregó que a la vista de las conclusiones del estudio técnico realizado en la bodega Santander se había tomado “la determinación de realizar únicamente los mantenimientos necesarios con el fin de realizar con posterioridad las intervenciones que se requieran”.

Ante la elección de la opción de compra de una nueva bodega para trasladar los fondos y el personal de la bodega Santander, así como para cesar el pago de arrendamientos de la bodega de Álamos que albergaba el Archivo Administrativo del DAS, durante el mes de septiembre de 2015 el AGN solicitó recursos para la adquisición de una nueva bodega. Este proyecto de asignación de recursos para este propósito fue aprobado en el mismo año 2015. Los beneficios de comprar una bodega nueva que permitiese abandonar las bodegas de Santander y Álamos fueron precisados en los términos siguientes:

-Ahorro del elevado canon de arrendamiento de la bodega de Álamos donde se custodia el archivo general administrativo del DAS.

-Ahorro de los costos de demoliciones y reforzamiento estructural de la bodega Santander, abriendo la posibilidad de venderla al mejor postor.

-Mejoramiento significativo de las condiciones de almacenamiento y de trabajo de los fondos documentales hasta ahora custodiados en las bodegas Santander y Álamos.

-Garantía de espacio adicional para custodiar nuevos fondos documentales de la administración pública transferidos al AGN durante un tiempo de 20 años.

El 10 de febrero del 2016 el AGN entregó a la Central de Inversiones CISA un oficio que definía el alcance del acompañamiento que se le solicitó para el proceso de selección y compra de la nueva bodega. CISA envió la propuesta económica de este acompañamiento y requirió un concepto de la Agencia Nacional Inmobiliaria “Virgilio Barco Vargas” relacionado con la intención del AGN de participar en un proyecto de Archivo Intermedio de la Administración Pública vinculado al gran proyecto de renovación urbana “Ciudad CAN”. Efectivamente el AGN entregó la documentación pertinente a la Agencia Nacional Inmobiliaria y le solicitó un concepto. El 3 de marzo de 2016 esta Agencia informó a los funcionarios del AGN que era la entidad idónea, dado su objeto social, para acompañar el trámite de compra de la nueva bodega. Fue así como el 28 de marzo esta Agencia entregó al AGN las mejores opciones inmobiliarias para el propósito del AGN.

El ingeniero Edgardo Paternina, encargado por el Grupo de Recursos Físicos del AGN, terminó el 15 de abril siguiente la revisión y verificación de las doce opciones inmobiliarias propuestas por la Agencia Nacional Inmobiliaria. Los requerimientos mínimos que estableció fueron: una capacidad mínima de almacenamiento para 76,9 kilómetros lineales de cajas de archivo, disponibilidad inmediata, vías de acceso pavimentadas, ubicación en parques logísticos donde no existiese transformación industrial o almacenamientos de productos químicos o inflamables, cumplimiento de la norma de sismoresistencia NSR10, área administrativa y técnica capaz de albergar 200 personas, y ubicación en Bogotá o en sus municipios circunvecinos. De acuerdo a la altura de la bodega definió el área mínima del piso en metros cuadrados y la capacidad de soportar peso en toneladas por metro cuadrado.

El 26 de abril siguiente presentó en una reunión los resultados de su análisis de las características técnicas mínimas de las doce opciones mencionadas, conforme a los requerimientos técnicos del AGN. Resultaron así tres bodegas seleccionadas, y la Agencia Nacional Inmobiliaria procedió a realizarles el estudio jurídico de títulos y condiciones, resultando favorable para las tres opciones en su informe fechado el 16 de mayo siguiente. En el mes de junio siguiente fue suscrito el convenio interadministrativo entre el AGN y la Agencia Nacional Inmobiliaria para el acompañamiento del proceso de compra de una de las tres bodegas seleccionadas, localizadas en la Zona Franca de Bogotá y en los parques industriales San Diego (Funza) y Santa Lucía (Funza). El presupuesto final destinado para la adquisición de la nueva bodega, después de la reducción presupuestal, fue de 9.426.225.135 pesos. 

El lunes 18 de julio de 2016, el recién posesionado director del AGN, Armando Martínez Garnica, inspeccionó personalmente las tres bodegas seleccionadas, acompañado del ingeniero Edgardo Paternina y de la coordinadora del Grupo de Recursos Físicos, Olga Yaneth Sandoval. Una vez comparadas las tres bodegas en el sitio y con toda la información acopiada, tomó la decisión de comprar la bodega 1G del Parque industrial San Diego II PH, localizada en la vereda Funza del municipio de Funza, en consideración a su mayor capacidad de bodegaje, menor costo de administración, mayor luminosidad, mayor capacidad de toneladas de carga por metro cuadrado y menor precio.

Un día después se entrevistó con Diana Hernández, de la Agencia Nacional Inmobiliaria, y le comunicó su decisión para que emprendiera la negociación con sus propietarios. Fue así como el viernes 12 de agosto siguiente, en la sala de juntas del AGN, se produjo el encuentro del director del AGN y sus funcionarios directivos con Aristóbulo Matiz Álvarez, identificado con la c.c. 19385888, representante legal de Inversiones Matiz Aldana Ltda., la firma propietaria de la bodega escogida. Por el precio final de la compraventa, de 6.727.924.500 pesos, los propietarios de la bodega 1 de la manzana G (G-1) del Parque Industrial San Diego propiedad horizontal se comprometieron a entregar al AGN la cantidad de 4.077 metros cuadrados construidos, sobre un lote de 3.674,91 metros cuadrados, a razón de 1.610.700 pesos el metro cuadrado construido, que incluyó una prolongación del mezanine del segundo piso para ampliar los puestos de trabajo y el recubrimiento del techo con aislante térmico. El área total de la bodega es de 3.676,88 metros cuadrados, y el área de bodegaje de 3.561,33 metros cuadrados.

El estudio del dominio territorial realizado por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco demostró que los linderos y las especificaciones de esta bodega están contenidos en la escritura pública no. 619 del 10 de septiembre de 2014 de la Notaría de Tabio, con folio de matrícula inmobiliaria no. 50C-1924563 de fecha 18 de agosto de 2016 inscrito en la Oficina de Registro de la zona centro de Bogotá, cuyo titular era la Sociedad Inversiones Matiz Aldana Ltda., con NIT 830.116.939-0. La cédula catastral es 000000070031000. Fue descartada una falsa tradición de propiedad de la bodega mencionada, predio que no presentaba gravámenes o limitaciones al dominio. Este estudio caracterizó al predio como suelo suburbano en zona 9 (suburbana industrial) y en un corredor vial de servicios rurales, según certificado expedido por el Departamento de Planeación de la Alcaldía de Funza el 7 de julio de 2016. En conclusión, la Agencia Nacional Inmobiliaria conceptuó que no existía impedimento alguno para proceder a la negociación del inmueble estudiado en el folio inmobiliario y en el certificado de tradición y libertad.

El 5 de septiembre de 2016 fue firmada la promesa de compra-venta de la bodega de San Diego, en la Notaría Única del círculo de Funza, por Aristóbulo Matiz Álvarez, representante legal de la Sociedad Inversiones Matiz Aldana Ltda., con c.c. 19.385.888, y la secretaria del AGN, María Clemencia Maldonado. Conforme a lo pactado, se pagó el 40% del valor de la bodega. El martes 20 de septiembre fue firmada en la misma Notaría de Funza la escritura de compraventa de la bodega por el director del AGN, Armando Martínez, Aristóbulo Matiz Álvarez, y la secretaria del AGN, María Clemencia Maldonado. Conforme a lo pactado se pagó el 50% del valor de la bodega, que en la escritura de compra-venta quedó en $6.727.924.500. El 10% restante se pagó el día de la entrega de la bodega al AGN. De inmediato se emprendieron los trabajos de adecuación de la bodega, según los diseños de un equipo de ingenieros dirigidos por Edgardo Paternina. El 20 de junio de 2017 comenzó el traslado de los archivos que se custodiaban en la bodega de Álamos hacia la sede de Funza.

La capacidad de las dos sedes quedó establecida de la siguiente manera:

-Sede de La Candelaria: 54,5 kilómetros lineales de cajas distribuidas actualmente en 54 depósitos, con 170 puestos de trabajo.

-Sede de Funza: 80 kilómetros lineales de cajas distribuidas en ocho módulos herméticos y separados, correspondientes a 375.000 cajas x200, con 220 puestos de trabajo. 

Las dos sedes estarán en capacidad de custodiar en conjunto 134,5 kilómetros lineales de cajas, una distancia equivalente a la que existe entre Bogotá y Girardot.

 

 

Archiveros nacionales

1868-1934

  1. José María VERGARA y VERGARA, nombrado por el decreto del 19 de enero de 1868, firmado por el presidente Santos Acosta, quien había dado el decreto del 17 de enero de 1868 que creó los Archivos Nacionales. Tomó posesión del cargo el 23 de enero siguiente. El Gobierno le ordenó “fundar la Oficina de Archivos Nacionales” y le dio como sede el segundo piso del Palacio Nacional que albergaba a la Oficina de Correos y Telégrafos. Dividió esos archivos en dos “salones”: el Salón de la Colonia y el Salón de la República. El 30 de junio de 1869, después de haber renunciado al cargo por una desavenencia con el secretario del Interior y Relaciones Exteriores, entregó los archivos al bibliotecario nacional (José María Quijano Otero), encargado en interinidad hasta el 21 de julio siguiente. Don José María Vergara y Vergara falleció el 9 de marzo de 1872, fue uno de los fundadores de la Academia Colombiana de la Lengua Española. Recibió del general Emigdio Briceño el fruto del contrato que había firmado con la Administración de Manuel Murillo Toro, durante los años 1865-1867, para el arreglo del salón de la Colonia.
  2. Juan Nepomuceno PEÑA, nombrado por el poder ejecutivo de la Unión Colombiana, recibió del bibliotecario nacional (encargado interino) los archivos el 21 de julio de 1869. El 1° de enero de 1870 presentó al secretario del Interior y Relaciones Exteriores un informe detallado de los trabajos que se habían adelantado en los Archivos Nacionales hasta entonces.
  3. Sinforiano HERNÁNDEZ, nombrado por el poder ejecutivo de la Unión Colombiana, recibió los archivos el 29 de julio de 1870. Durante su administración fue contratado el doctor Pedro J. Cadena para el arreglo del archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y se separaron los fondos correspondientes a la Real Audiencia respecto de los fondos del Virreinato. El 20 de diciembre de 1870, el 18 de diciembre de 1871 y el 18 de diciembre de 1872 presentó al secretario del Interior y Relaciones Exteriores sendos informes anuales sobre los adelantos de los trabajos archivísticos. Al final de su administración fueron contratados Saturnino Vergara y Ricardo F. Caballero (9 de agosto de 1873), para legajar y encuadernar los documentos procedentes de la Secretaría de Hacienda. A finales de 1881 estos habían entregado 409 volúmenes arreglados.
  4. Juan E. PERDOMO, nombrado por el poder ejecutivo de la Unión Colombiana, recibió de su antecesor los archivos el 4 de septiembre de 1873. El 31 de diciembre de 1873 presentó al secretario del Interior y Relaciones Exteriores un corto informe sobre los avances de los trabajos archivísticos.
  5. Rafael RIVAS recibió de su antecesor los archivos el 10 de junio de 1874. El 14 de diciembre de 1874, el 15 de diciembre de 1875 y el 15 de diciembre de 1876 presentó al secretario del Interior y Relaciones Exteriores los informes anuales sobre los avances de los trabajos archivísticos. Retomó la función de archivero nacional el 13 de diciembre de 1877, que ejerció hasta el 9 de septiembre de 1878. Nuevamente retomó el cargo el 1 de diciembre de 1878. El 10 de diciembre de 1878 presentó al secretario del Interior y Relaciones Exteriores el informe anual sobre los avances de los trabajos archivísticos. El 11 de junio de 1879 encargó su función al oficial Ramón María Lotero por causa de una enfermedad, pero volvió a su cargo el 1° de octubre de 1879. El 1° de diciembre de 1879 presentó el informe anual sobre los avances logrados al secretario del Interior y Relaciones Exteriores. Entregó el cargo el 30 de diciembre de 1879 por licencia de enfermedad concedida por tres meses, y regresó a ejercerlo desde el 23 de marzo de 1880. Recibió nombramiento en interinidad por el decreto 174 del 1º de abril de 1880, y en propiedad por el decreto 454 del 15 de junio de 1880. El 13 de octubre de 1880 recibió una licencia de hasta tres meses para restablecerse de sus enfermedades, dejando encargado al archivero Pedro Herrán Caicedo entre el 21 de octubre de 1880 y el 24 de enero de 1881. Permaneció en el cargo hasta el 31 de agosto de 1881. El 28 de febrero de 1881 presentó el informe anual sobre los avances logrados al secretario del Interior y Relaciones Exteriores.
  6. Ramón María LOTERO, subarchivero, se encargó de los Archivos Nacionales el 15 de julio de 1877. El 29 de noviembre de 1877 presentó al secretario del Interior y Relaciones Exteriores el informe anual sobre los avances de los trabajos archivísticos. Su encargo terminó el 12 de diciembre de 1877. Fue encargado nuevamente entre el 10 y el 14 de septiembre de 1878, y entre el 11 de junio y el 30 de septiembre de 1879.
  7. Carlos GÓMEZ VALDÉS, archivero nacional entre el 15 de septiembre y el 30 de noviembre de 1878. 
  8. Bernardino TORRES TORRENTE fue encargado el 31 de diciembre de 1879 por la enfermedad de Rafael Rivas, y ejerció el cargo en interinidad hasta el 22 de marzo de 1880. Luego fue nombrado por el decreto 643 del 23 de agosto de 1881. Se posesionó el 1º de septiembre de 1881 y permaneció en el cargo hasta su fallecimiento, el 20 de agosto de 1886. El 31 de diciembre de 1881 presentó al secretario del Interior y Relaciones Exteriores el informe anual sobre los avances de los trabajos archivísticos. Durante su administración fue contratado don Luis María Cuervo, entre el 30 de enero de 1882 y el 4 de diciembre de 1883, para organizar el Archivo Histórico de la Colonia como una sección de la Biblioteca Nacional. Ramón María Lotero y Edilberto L. Gaitán fueron sus oficiales auxiliares, mientras que Abel Paúl fue el archivero del Archivo de Cuentas.
  9. Pedro A. HERRÁN CAICEDO. Nombrado en interinidad, en virtud de la licencia por enfermedad concedida al archivero Rafael Rivas, por el decreto 832 del 2 de octubre de 1880. Comenzó su interinidad el 21 de octubre de 1880 y la terminó el 24 de enero de 1881.
  10. Eliseo TORRES GUERRA, nombrado archivero nacional interino entre el 6 de junio y el 14 de agosto de 1883.
  11. Próspero PEREIRA GAMBA, nombrado el 31 de agosto de 1886, por el decreto 530. Se posesionó el 4 de septiembre de 1886.
  12. Enrique de J. AGUIAR, nombrado en 1891. Durante la década siguiente fueron nombrados “oficiales” encargados de la organización del Salón de la Colonia de los Archivos Nacionales: Francisco Patiño de Haro (29 de septiembre de 1893), Gregorio Lobo (20 de enero de 1900) y Baldomero Posse (22 de octubre de 1900). Un oficial auxiliar del Salón de la República, Francisco Quijano E., se posesionó el 16 de marzo de 1901.
  13. Ramón BAYONA, quien se posesionó ante el ministro de Gobierno el 16 de marzo de 1901. Contó con la ayuda de Baldomero Posse, oficial del Salón Colonial (posesionado el 22 de octubre de 1900), y de Francisco Quijano, oficial auxiliar del Salón Republicano (posesionado el 16 de marzo de 1901). 
  14. Ambrosio PEÑA SOLANO (hermano del gobernador de Santander, general Alejandro Peña Solano), quien ejerció el cargo entre el 9 de diciembre de 1904 (decreto 976) y el 12 de mayo de 1910. Durante esta administración fue nombrado Enrique Gutiérrez Colonia como ayudante del archivero nacional (8 de agosto de 1908) y Enrique Álvarez Bonilla (decreto 177 del 15 de febrero de 1907) como inspector general de los archivos públicos (renunció el 15.10.1909). Este último tenía que inspeccionar cinco archivos (los Archivos Nacionales, el Archivo del Congreso, el Archivo de la Corte de Cuentas, el Archivo Diplomático y Consular, y el Archivo del Departamento Capital). Durante esta administración se hizo la contratación de la encuadernación de los legajos (de mil folios) de las secciones Colonial y Republicana, a razón de cinco pesos tomo, con cuatro encuadernadores: Guillermo Peña, Ricardo Sáenz, G. Molina y Alcázar A. Por el peso de los legajos que reposaban en “los salones del tramo superior del Convento de Santo Domingo” fueron trasladados muchos al Palacio de San Carlos.
  15. Gabriel PEÑA, interino entre el 7 de julio y el 3 de octubre de 1908 (decreto 710 del 3 de julio de 1908).
  16. Alaín LEMUS, desde el 13 de mayo de 1910 (decreto 451 del 12 de mayo de 1910).
  17. Cándido PONTÓN, desde el 1° de febrero de 1911.
  18. José Tomás GALARZA, nombrado por el decreto 954 del 19 de octubre de 1911 y de nuevo por el decreto 215 del 10 de febrero de 1925. Permanecía en el cargo en septiembre de 1926.
  19. Carlos GIL, nombrado en 1932, permanecía en el cargo el 30 de mayo de 1933.

 

Directores del Archivo Nacional de Colombia

1935-1990

El Archivo Nacional de Colombia se organizó como un departamento administrativo del Ministerio de Gobierno por la ley 57 del 23 de noviembre de 1935. El director general sería auxiliado por un subdirector secretario, tres oficiales primeros y un cartero. El decreto 205 del 30 de enero de 1937 trasladó ese departamento administrativo a la Biblioteca Nacional de Colombia, entidad dependiente del Ministerio de Educación Nacional.

  1. Eduardo ZALAMEA BORDA, ejerció el cargo entre 1935 y agosto de 1938. Fundó y dirigió la Revista del Archivo Nacional y publicó el Libro de los acuerdos públicos y privados de la Real Audiencia.
  2. Gustavo OTERO MUÑOZ, interino del 10 al 31 de diciembre de 1938 (decreto 2.256 del 1º de diciembre de 1938).
  3. Enrique ORTEGA RICAURTE, ejerció el cargo entre el 1º de enero de 1939 y en agosto de 1958 todavía lo ejercía (decretos 2.108 y 2.256 de 1938; 2.509 del 2 de diciembre de 1951).
  4. Carlos RESTREPO CANAL, ejerció el cargo entre 1965 y 1972.
  5. Fray Alberto LEE, OFM, ejerció el cargo entre el 28 de octubre de 1972 y el 28 de agosto de 1978.
  6. Jorge PALACIOS PRECIADO, ejerció el cargo entre 1979 y 1981, y después entre 1989 y 1990, con lo cual fue el último en ejercerlo.
  7. Pilar MORENO de ÁNGEL, ejerció el cargo entre 1981 y 1989.

Directores del Archivo General de la Nación

1990-2018 

  1. Jorge PALACIOS PRECIADO, ejerció el cargo entre el 26 de abril de 1990 (encargado hasta el 30 de agosto de 1992) y el 28 de noviembre de 2003. Falleció el 27 de diciembre de 2003.
  2. Sara Ofelia GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, encargada durante dos períodos, del 8 de octubre de 2003 al 25 de noviembre de 2004, y del 6 de marzo al 8 de noviembre de 2009.
  3. Lázaro Rafael MEJÍA ARANGO, ejerció el cargo del 26 de noviembre de 2004 al 22 de octubre de 2007, día de su fallecimiento.
  4. Álvaro ARIAS CRUZ, ejerció el cargo del 4 de diciembre de 2007 al 6 de marzo de 2009.
  5. Armando ENTRALGO MERCHÁN, ejerció el cargo del 9 de noviembre de 2009 al 21 de diciembre de 2010.
  6. Diego HERRERA GÓMEZ, encargado entre el 21 de diciembre de 2010 y el 7 de abril de 2011.
  7. Carlos Alberto ZAPATA CÁRDENAS, ejerció el cargo del 8 de abril de 2011 al 25 de febrero de 2015.
  8. Enzo Rafael ARIZA AYALA, encargado entre el 25 de febrero de 2015 y el 12 de julio de 2016.
  9. Armando MARTÍNEZ GARNICA, ejerce el cargo desde el 13 de julio de 2016.

Tips de historia

 

Sebastián de Belalcázar ordenó hacia 1535 que se depositaran en un arca libros y registros de aquello relativo al gobierno de la naciente ciudad de Quito, Ecuador.

 

 

 

 

 

 

 

La referencia documental más antigua sobre el establecimiento de archivos oficiales en Colombia, la encontramos en el Libro de Acuerdos de la Real Audiencia de Santafé.

 

 

 

 

 

 

 

 

La Corona española, desde el comienzo mismo de la Conquista, pretendió proteger la documentación generada por la administración indiana.